Corrupción en palacio: Joyas y presupuestos
La trama de corrupción en el entorno presidencial se espesa con cada nuevo detalle que sale a la luz. En un giro inesperado, los lujosos relojes Rolex ya no son la única pieza del rompecabezas, ahora también entran en escena un par de ostentosos aretes de oro. Estos hechos, lejos de tener un final, parecen marcar el inicio de una serie de revelaciones que apuntan directamente a la implicación de la presidenta de la república, Dina Baluarte, en actividades corruptas.
Según el informe, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, habría adquirido el par de aretes de oro amarillo con brillantes por un valor exorbitante de US$ 5,512. Lo intrigante es que este desembolso extravagante coincidió con una reunión entre Oscorima y Baluarte en el Palacio de Gobierno. Y no es todo: al día siguiente de esta cita, el Ejecutivo autorizó una significativa transferencia de partidas presupuestales a favor de varios gobiernos regionales, incluido el de Ayacucho.
La trama se complica aún más con la inclusión del personaje conocido como el Wayqui, el cual ha estado en el centro de la polémica por supuestas prácticas corruptas. Se señala que este individuo ha sido clave en el acceso fácil a presupuestos para su región, contando con la aquiescencia de la presidenta.
Las implicaciones son serias: se ha iniciado una investigación que involucra a Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, omisión de declaraciones y, ahora, cohecho pasivo impropio. La Fiscalía de la Nación ha decidido ampliar la pesquisa, incluyendo al gobernador Oscorima, quien será investigado por presunto cohecho activo genérico.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha cuestionado las declaraciones de Boluarte, quien intentó deslindar responsabilidades sugiriendo que Oscorima era el verdadero propietario de uno de los relojes Rolex que lució en eventos oficiales, argumentando que se lo había prestado. Sin embargo, Villena enfatiza que tanto Boluarte como Oscorima tienen la responsabilidad de mantener la integridad y los principios éticos en la administración pública.
Además, se ha destacado un posible direccionamiento del presupuesto hacia el Gobierno Regional de Ayacucho, respaldado por un informe del Ministerio de Economía y Finanzas que revela una serie de solicitudes de ampliación presupuestal desde el 2020 hasta el 2022.
Estos nuevos detalles ponen de manifiesto la gravedad de la situación y sugieren que el entramado de corrupción podría tener ramificaciones aún más profundas. Con cada pieza que se añade al rompecabezas, se revela un panorama más sombrío de la política y la administración gubernamental en el país.
